Se definen comprometidos con ese
propósito por lo que desarrollan una práctica docente que retoma la teoría
pedagógica alternativa aplicada en un entorno de estructuras horizontales
participativas.
¿Cuál es tu opinión?
domingo, 12 de mayo de 2013
EL PAPEL DEL PROFESOR
Los profesores que promueven y
practican la alternativa educativa, son actores que reivindican la dignificación
de la labor docente como una actividad que impulsa y promueve la transformación
social desde el aula.
PROPÓSITO EDUCATIVO
Una educación que promueva el sentido
comunitario de la población bajo los principios de solidaridad, cooperación,
colaboración, respeto, responsabilidad y honestidad, impulsando el desarrollo
del ser integral que se apropia del conocimiento, analiza, propone y promueve
transformación en su realidad
para el beneficio de su comunidad y de las mayorías, reconociéndose como un ser
social crítico, propositivo, creativo y transformador.
¿Qué opinan al respecto?
HACIA LA EDUCACIÓN QUE NECESITAMOS LOS MEXICANOS
Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación
HACIA LA EDUCACION
QUE NECESITAMOS LOS MEXICANOS
Los que nos manifestamos en contra de esta llamada
reforma educativa, somos cientos de
miles de trabajadores de la educación de todos los estados del país, integrados
en la CNTE. Están en este movimiento representados
los trabajadores de la educación de las ciudades y del campo, entre ellas, las
entidades federativas con más pobreza, explotación y violencia. Nuestra presencia, en cada comunidad, pueblo y ciudad, nos permite
conocer la parte más problemática de la nación y la incapacidad que desde hace
décadas, tiene el Estado para ofrecer una educación digna a los niños y jóvenes.
Somos los maestros a quienes el país ha encargado desde hace décadas la tarea
siempre difícil de formar a millones de estudiantes, siempre con pocos
recursos, con escuelas llenas de
carencias. Entre ellos está la gran parte de la población escolar que habla una
lengua que no es el castellano, que deben trabajar desde pequeños, que llegan a
clases sin desayunar y que tarde o temprano se verán obligados a abandonar la
escuela. Pero también somos los maestros de la periferia de las poblaciones
grandes y pequeñas del norte, de la península y del centro del país, de las
colonias y barrios donde, vecinos a la
prosperidad de las zonas privilegiadas,
abundan los niños y jóvenes con muy poco futuro. Es la parte de México que los gobernantes prefieren
ignorar, y ante la que reaccionan con un gran enojo represivo cuando su gente
se vuelve conciente y se organiza para protestar. Son los que –con su trabajo mal pagado- contribuyen a la acumulación de riqueza de un
país que se precia de ser la décima cuarta potencia económica del mundo pero
mantiene a millones en la pobreza.
Precisamente
porque no pocos de los maestros que hoy nos manifestamos provenimos de la parte olvidada de México que
está en todas las regiones del país, nuestra protesta no sólo tiene raíces sociales muy profundas, sino que se nutre del
conocimiento, de una constante discusión, de numerosos foros, conferencias,
reuniones, encuentros, libros y materiales impresos que ahora circulan con gran
profusión y que convierten a nuestro movimiento magisterial en un lugar de
encuentro de ideas e incluso de maneras distintas de ver la educación.
Desde nuestra
posición de maestros, comprometidos con el país, reiteradamente hemos dicho que
estamos en contra de esta reforma porque lo único que ofrece es que habrá más
exámenes estandarizados y todo un aparato de supervisión y vigilancia sobre las
niñas y niños, los maestros y las escuelas. Porque no es una reforma que retome las grandes carencias
y les ofrezca una respuesta más allá de medir.
Nada les ofrece desde la educación que sirva para apoyar los esfuerzos
personales y colectivos que hacen gran
parte de los mexicanos por salir de la pobreza y la subordinación. Al contrario, se trata de una reforma
persecutoria que amenaza con despedir a miles de maestros y con seguir
descalificando como insuficientes a millones de niños. Esta reforma
no habla de rutas, de propósitos capaces de convocar a familias, maestros y
estudiantes a modificar el deplorable estado en que se encuentra desde hace
décadas la educación nacional. Ofrece sencillamente –aunque ahora como mandato
constitucional y legal- básicamente las mismas estrategias que se anunciaron y
que se han aplicado –sin éxito- desde 1992: medir, vigilar, estimular y, sobre
todo ahora, castigar.
Los
maestros hemos denunciado que la reforma
educativa es la puerta de entrada a una etapa de supervisión y sanciones
contra los maestros y eso se confirma ahora con las propuestas de norma para el Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE), Ley General del
Servicio Profesional Docente (LGSPD) y modificaciones a la Ley General de Educación (LGE). Ahí aparece como una reforma profundamente autoritaria, que
fortalece la burocracia, el centralismo y la uniformidad, que establece una
nube de controles y reglas en torno a la escuela y que se apoya en una
evaluación formalista y vertical para
perseguir maestros, pero incapaz de generar procesos de transformación. Es
decir, una reforma administrativa y laboral, que está muy lejos de ser
educativa.
Proponemos
una verdadera transformación educativa, que arranque con un planteamiento desde
el núcleo mismo del proceso educativo, que sea capaz de movilizar en torno suyo
a los actores y fuerzas sociales más
importantes en la educación.
Proponemos
una educación humanista que sustituya los valores del mercado por la práctica
de valores universales; que recupere y coloque en primer plano el respeto y la ampliación
del derecho humano a la educación, el fortalecimiento de la educación pública y
un proceso educativo sólidamente arraigado en las necesidades del desarrollo de
las personas y de sus comunidades y regiones.
Una
educación fincada en la memoria histórica de nuestro pueblo, pero abierta a la
cultura y el conocimiento universal, con una visión amplia de la ciencia y las
humanidades. Una educación sólidamente anclada en la autonomía y la
participación democrática dentro y fuera del aula.
Es
decir, un proceso educativo que esté orientado
a la formación de mujeres y hombres sabios, autónomos, críticos, solidarios,
preocupados por el bienestar de todos y especialmente por el de su comunidad y familia. Una educación que no se
finca en la separación clasista entre educación técnica y propedéutica, sino
que integra ambas dimensiones en una sola
formación de alto nivel y amplios
horizontes. Se trata, además, de convertir al proceso educativo en un espacio de
creatividad, exploración y participación, libre de rigideces y fincado en la
curiosidad, el compromiso responsable de
maestros, estudiantes y de la comunidad; y en el interés y compromiso solidario
de los niños y jóvenes por lo que ocurre a su alrededor. Por otro lado, se busca que esta educación
esté disponible a todos los habitantes del país, por lejana y pequeña que sea
su comunidad y por enorme que sea el número de aspirantes a las escuelas e
instituciones en las ciudades. Y esta
educación -creativa y para todos- es una responsabilidad de la sociedad que
asume el Estado a través de la educación pública, gratuita y laica.
Para
alcanzar un proceso educativo como el arriba descrito la ruta no es mediante
una reforma administrativa y laboral
como la que hoy está en la agenda gubernamental, sino que es necesario reforzar
en el marco legal y en la Constitución lo que ya existe: que la educación debe
ser para todos, en todos los niveles, y es necesario también recuperar en los
planes y programas de estudio las lecciones pedagógicas antiguas y modernas que
nos permitan ofrecer a niños y jóvenes una educación a profundidad, amplia y
de alto nivel; en consecuencia, deben
transformarse los libros de texto, manteniendo su gratuidad.
Requiere
además de un planteamiento diferente en la relación entre la comunidad y la
escuela a fin de que puedan generarse procesos de conocimiento desde la
comunidad, con el apoyo de los colectivos escolares y con maestros
específicamente dedicados a esta tarea en coordinación con los padres de
familia.
Supone
también un esfuerzo financiero del 12 por ciento del PIB para la educación[1] a
fin de garantizar la ampliación de la infraestructura en educación en todos los
niveles, equipamiento y número de maestros. Exigimos que todos los centros
escolares del país cuenten con las condiciones óptimas materiales y humanas
para desarrollar su labor.
Requiere
de un planteamiento serio de actualización para los maestros en servicio en
todos los niveles de educación. Se necesita de un sistema nacional de bibliotecas presenciales y virtuales y acabar
con el analfabetismo.
Demandamos
al Gobierno Federal, a la Secretaria de Educación Pública, al Poder Legislativo
y Judicial, ABROGAR la reforma educativa (a los artículos 3º y 73 Constitucionales)
e iniciar, en lo inmediato, un debate nacional y popular sobre la situación de
la educación pública y las medidas para realmente mejorarla y fortalecerla.
La
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ratifica su compromiso de participar en el debate y en la
construcción de propuestas viables y pertinentes para alcanzar la justicia
social en nuestro país.
Proponemos
una ruta con foros en escuelas, zonas escolares, regiones, estados y a nivel
nacional, propiciando una amplia consulta y participación de los maestros,
estudiantes, padres de familia, investigadores y demás sectores de las
comunidades.
La
importancia de este planteamiento radica en que la llamada reforma educativa no surgió de un proceso de amplia participación y
no puede llamarse democrática. Introducida como iniciativa presidencial el 10
de diciembre 2012, fue aprobada apenas días después, de manera sumamente
apresurada, sin un debate parlamentario y por supuesto sin una consulta más
amplia a la sociedad y grupos y personas interesadas. Autoritaria en su origen, la actual reforma ni siquiera intenta ser
democrática en su orientación y contenidos. No tiene una propuesta pedagógica respecto
de procesos educativos alternos orientados a la democracia, ni tampoco respecto
de una forma de conducción escolar
asentada en la participación de los actores escolares. Por el contrario, es una
modificación constitucional que a juzgar por las propuestas de leyes
reglamentarias, dibuja un perfil autoritario, restrictivo y rígido al interior
del proceso educativo.
En
contraparte, planteamos la importancia
de que además de la formación en conocimientos, esta debe apuntar a convertir a
los estudiantes en verdaderos ciudadanos –concientes y preocupados por “el interés general de la
sociedad” (Art. 3º constitucional). En
ese sentido, la escuela debe ser una
comunidad que se desarrolle en un clima de libertad, en ausencia del miedo y normada por los acuerdos y lineamientos que
en sus respectivos ámbitos construyan los estudiantes y maestros a nivel de
aula, escuela y relación con la comunidad.
Acuerdos
que favorezcan la formación de los estudiantes en el descubrimiento y el
conocimiento de las dinámicas de responsabilidad y éticas ciudadanas, dentro y
fuera de la escuela. Rechazamos la
concepción de que la escuela debe copiar la estructura y clima de una
empresa. Porque se propone que debe estar
a cargo de un carismático gerente que comanda a un grupo de empleados
(maestros) y garantiza a sus clientes (estudiantes y padres de familia) un buen
servicio (la calidad).
Rechazamos
la concepción de que la educación es un ejercicio de subordinación donde el
estudiante es sólo un alumno pasivo que recibe información y que luego debe dar
cuenta de ella en un examen estandarizado.
Estos rasgos muestran que la idea de “educación de calidad” en realidad
es un proceso de educación mercantilizado y autoritario que subordina a
estudiantes y profesores).
En
contraposición debemos comenzar a discutir cómo vamos a hacer que nuestra
educación sea autónoma, de tal manera que nuestras escuelas tengan mayor
libertad para, en el marco de una educación nacional. Definir cómo deben ser
los planes y programas, los contenidos y las prácticas pedagógicas dentro y
fuera del aula que permitan a nuestra educación responder a los rezagos, a las
necesidades tan diversas de niños y jóvenes de decenas de culturas distintas,
del campo y de la ciudad, del norte y del centro y sur del país, desde Yucatán
hasta Baja California. Una autonomía que
permita dejar atrás la cultura de la uniformidad, de un solo libro de texto
gratuito, una misma evaluación para estudiantes y docentes de todo el
país. Debemos construir un marco
nacional legal y educativo que sea capaz de arropar y propiciar –no limitar- la
exuberante riqueza de expresiones culturales y educativas a niveles locales y
regionales. No necesitamos tener lo que
hoy vivimos: una autoridad federal y central cuya ocupación fundamental en
estos días es rechazar las iniciativas de normatividad y proyecto de la
educación que surge desde las regiones y entidades federativas.
Esta
autonomía no es sinónimo para que los gobiernos estatales y federal, abandonen
o disminuyan su responsabilidad en el financiamiento de la educación pública
como estipula el Transitorio Quinto, Fracción III, inciso a) de la reforma a
los artículos 3º y 73 Constitucionales: “Fortalecer
la autonomía de gestión de las escuelas ante los órganos de gobierno que
correspondan con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales
educativos, resolver problemas de operación básicos…”
La CNTE
demanda, para garantizar la equidad en la educación, la dotación de útiles
escolares, uniformes y calzado, así como becas y la dotación de libros en todos
los niveles educativos.
El
actual intento de reforma de la educación atenta directamente contra lo que es
este país: un mosaico de culturas, regiones, lenguas y economías
distintas. Atenta también contra la
definición que de nuestro país hace la constitución cuando señala que “la
nación mexicana tiene una composición pluricultural” (Art. 4º Constitucional). Para
un país enorme y profundamente diverso la reforma que se impone plantea un solo
organismo (el Instituto Nacional de Evaluación Educativa) como el gran vigilante, una “autoridad a nivel
nacional, en materia de evaluación educativa”, que –para prolongarse en una
estructura aún más vertical y burocrática- será la cabeza de todo un “Sistema
Nacional de Evaluación Educativa” (Art. 6 propuesta de Ley INEE). Establece, además, como algo constitucional
del país, “la medición” (Art. 3º. reformado),
la forma más superficial,
discriminatoria y uniformadora de evaluar. Con todo esto, todos los maestros y
estudiantes, desde los de la Sierra Norte de Puebla hasta los de las zonas
residenciales de las grandes ciudades, pasando por las colonias periféricas y
las escuelas rurales, serán evaluados con una medida única, como si este fuera
un país de una sola lengua, homogéneo y
básicamente igualitario. En lugar del camino hacia el fortalecimiento de
nuestras múltiples identidades y construir a partir de ellas un país de
potencialidades diversas, se perfila un futuro educativo de una, todavía más,
poderosa y avasalladora centralización de la educación.
El
nuevo marco legal que se propone para la educación refuerza esa tendencia al centralismo
y el carácter único de la educación y de la evaluación cuando señalan que
“las entidades federativas mantendrán
sus legislaciones acordes con esta ley” (Art. 1º en propuesta de LGSPD). Por
cierto, una ley tan detallada que prácticamente no se deja resquicio alguno
para que se manifieste otra de las
características esenciales del país: su constitución en torno a un pacto
de entidades soberanas: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos
en todo lo concerniente a su régimen interior” (Art. 40).
Las
nuevas modificaciones que se impulsan eliminan facultades que todavía hoy
tienen las entidades federativas, como, por ejemplo, la de realizar
evaluaciones por su cuenta (propuesta de modificación al Art. 29, LGE).
En
contraparte, nosotros proponemos una evaluación distinta, de abajo hacia
arriba. Una evaluación horizontal realizada desde las propias escuelas y
comunidades, desarrollada como un ejercicio
dialógico a nivel de cada zona,
región y entidad federativa. Una evaluación que, al mismo tiempo que describe
los problemas, analiza los factores que
los causan, los remedios que pueden darse y recoge las experiencias exitosas de
maestros y escuelas para mejorar la educación. A partir de estos procesos de
evaluación que comprometen a estudiantes, maestros, escuelas, comunidades y
autoridades con la definición y solución de la problemática local y regional, es
posible construir a nivel nacional y desde abajo políticas educativas ampliamente
consensadas con los actores. Son
procesos que sirven además para definir la amplitud, contenidos y también las
formas que deben adoptar los programas de formación permanente del magisterio, permiten
detectar además de manera tangible e inequívoca las insuficiencias en
infraestructura y equipos, y servirán finalmente para recuperar ejemplos de
iniciativas concretas que de manera
espontánea y sistemática han venido estableciendo grupos de escuelas, regiones
y entidades federativas. Es indispensable, sin embargo, que estos procesos de
evaluación sean apoyados con asesorías expertas y estudios descriptivos y de
diagnóstico que permitan que desde otros ángulos de visión se analice la
problemática de la educación y que así se fortalezcan aún más los procesos de
mejora.
Estos
procesos deben también ser apoyados por cambios constitucionales y legales que
al mismo tiempo que establecen los grandes propósitos de la educación y sus
condiciones mínimas, crean un marco donde las regiones del país puedan expresar
y responder a sus necesidades en el marco del federalismo y una sola nación y también
una sola, pero diversa, educación.
Una
propuesta de evaluación y mejoramiento de la educación como esta, que involucra directa y
sistemáticamente a los actores del proceso educativo y a padres de familia,
comunidades, hace posible generar un dinamismo de participación y compromiso
con el proyecto mucho más profundo que el que puede desatar un proceso
autoritario, vertical, centrado en torno
a las autoridades y con rasgos laborales persecutorios y represivos
claramente en contra del 123 constitucional.
La poderosa fuerza de la participación real de los actores ha estado sistemáticamente
ausente de las iniciativas y reformas verticales de las últimas décadas y
ahora, una vez más, se pretende dejar afuera.
Proponemos
que en cada escuela se forme un Consejo de Evaluación electo por la comunidad,
que considere diversos elementos como las condiciones materiales del plantel,
el trabajo docente, la carga administrativa, asistencia regular de alumnos,
aprovechamiento académico, desempeño de las autoridades educativas, etc. Este
modelo debe reproducirse a nivel estatal.
Necesitamos
un salario digno y la garantía de contar con nuestro empleo, por eso,
demandamos que ningún trabajador de la educación debe ser despedido a
consecuencia de la medición punitiva que hoy se nos quiere imponer, antes bien,
exigimos implementar un programa de basificación masiva para los trabajadores
de la educación que hoy cubren plazas temporales.
Una
verdadera transformación educativa no debe de dejar fuera a las instituciones
formadoras de docentes. Estamos de acuerdo en generar una refundación de las
escuelas normales para fortalecer su misión histórica. La discusión debe girar
en por lo menos tres ámbitos: ético, político y epistemológico. Ratificamos
nuestra lucha por la defensa y fortalecimiento del normalismo mexicano. Demandamos
la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas
normales públicas del país, quienes fueron acreditados por una institución
formadora reconocida oficialmente y cuentan con el perfil y el derecho
correspondiente.
La
democracia no sólo debe pasar por el ámbito educativo y su conducción, también
debe cruzar por ofrecer a los maestros el derecho elemental de elegir
libremente a sus representantes sindicales, negado durante décadas por el
gobierno federal, gobiernos estatales y por la cúpula que ha secuestrado a
nuestro sindicato. Demandamos la realización de Congresos Estatales y Congreso
Nacional para elegir a una representación por los maestros de base. Es
impostergable la DEMOCRATIZACIÓN del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación.
Exigimos
el cese a la represión administrativa, física, psicológica y penal en contra de
cualquier militante de la CNTE, particularmente en contra de los compañeros del
Estado de Guerrero. Asumimos plenamente las demandas de todos nuestros contingentes,
así como de las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, y
estudiantiles.
Con la
fuerza de la movilización seguiremos reivindicando nuestro derecho, el de los
padres de familia y estudiantes de todos los niveles a ser escuchados. Llamamos
a un diálogo serio y responsable al gobierno federal y a los poderes
legislativo y judicial, que permita la solución a las legítimas demandas y
reivindicaciones
¡UNIDOS Y
ORGANIZADOS, VENCEREMOS!
Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
1 de mayo del 2013
[1] El
PIB de México en 2012 fue de 15 billones 503 mil millones de pesos, con base en
la recomendación de la UNESCO de destinar el 12 % del PIB a educación debería
ser de 1 billón 860 mil millones de pesos; para el 2013 el presupuesto
educativo es de apenas 567 mil 379 millones de pesos, que equivalen al 3.78 %
del PIB.
HOLA COMPAÑEROS
Como una nueva tarea de la Asamblea de Coordinación Secciones 10 y 11 de la CNTE, hemos abierto este espacio para el intercambio de experiencias pedagógicas que nos lleven a la socialización de trabajos que muchos de ustedes desarrollan y que, en su conjunto nos permitan la construcción, desde las Escuelas, de un Proyecto Educativo Alternativo que responda a las necesidades que tienen nuestros alumnos y las comunidades en que habitamos y trabajamos, porque somos nosotros, los maestros, quienes conocemos las necesidades, potencialidades y expectativas de nuestros alumnos y sus comunidades, y también quienes estamos Por una Nueva Educación a través de la Transformación de la Escuela y del país.
Hacemos la invitación a todos ustedes para que integren sus propuestas y experiencias, así como también a que difundan este trabajo.
¡Por una Nueva Educación! TRANSFORMEMOS LA ESCUELA
Comisión de Educación y Cultura de la
Asamblea de Coordinación Secciones 10 y 11 CNTE
Hacemos la invitación a todos ustedes para que integren sus propuestas y experiencias, así como también a que difundan este trabajo.
¡Por una Nueva Educación! TRANSFORMEMOS LA ESCUELA
Comisión de Educación y Cultura de la
Asamblea de Coordinación Secciones 10 y 11 CNTE
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