De los Foros: Pronunciamiento público en contra de las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución

México, D.F., a 12 de julio de 2013.

Los firmantes nos pronunciamos en contra de la reciente reforma a los artículos
3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por las siguientes
razones:
Constamos que es una contrarreforma que violenta el espíritu y la letra del artículo
3° constitucional original, plasmado en la Carta Magna de 1917; un retroceso que rompe con el pacto social y político de la Revolución Mexicana; una más de las acciones
autoritarias y restrictivas de un Estado articulado de manera subalterna al modelo
neoliberal; una vuelta de tuerca que se realiza de espaldas a la sociedad y sin haber sido
consensada entre quienes sostienen el sistema educativo nacional: el magisterio y los
padres de familia. Esta iniciativa surge de poderes fácticos de carácter empresarial que
pretenden la privatización y mercantilización de la enseñanza y el control ideológico y
político de los educandos, los cuales emprenden una campaña de satanización y criminalización del magisterio y de sus organizaciones sindicales de carácter democrático, a través de los monopolios de la información. Por su parte, el Congreso de la Unión acata dócilmente estas políticas contrarias al interés nacional y popular.
Se trata, en los hechos, de una reforma laboral-administrativa contraria al artículo 123 constitucional, que pretende desmantelar retroactiva e inconstitucionalmente los
derechos adquiridos por el gremio magisterial, afectado su permanencia en el empleo,
sus salarios y condiciones de trabajo y jubilación, así como los procesos de escalafón e
ingreso, sin resolver, por otro lado, los problemas del rezago educativo, analfabetismo,
falta de equidad, las escuelas multimodales y las graves carencias en la infraestructura
escolar. Se rompe también con la gratuidad de la educación con la validación de las
cuotas, y se pretende, con supuestas atribuciones de autonomía y “gestión escolar”,
poner la carga económica sobre la sociedad y los padres de familia.
Al mismo tiempo que el Estado se sustrae de sus obligaciones constitucionales, obliga al sistema educativo a depender de financiamientos externos espurios que pudieran
tomar el control de las escuelas públicas, y ser administradas, en los hechos, por
la iniciativa privada e, incluso, por asociaciones religiosas o de otra naturaleza, como el
crimen organizado, todo lo cual pretende acabar con los candados de una educación
pública, laica y gratuita.
La reforma, por descansar en gran parte en el fetiche de una evaluación permanente,
que tiene un carácter punitivo, por la estandarización y aplicación de pruebas como
Enlace y Pisa, violenta el carácter plurilingüe, pluricultural y pluriétnico de la nación
mexicana, además de hacer caso omiso de las diferencias sociales, económicas y de
condiciones de vida y entornos familiares de los educandos y de los propios maestros.
En consecuencia, es una reforma profundamente discriminatoria, racista y clasista, que
violenta la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los artículos 1 y 2 de la Constitución.
Apoyamos a los profesores y las profesoras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en su lucha por la abrogación de la llamada “reforma educativa” y por una revolución en la educación que implica un cambio en la conciencia, en los métodos educativos, en las relaciones maestro-alumno-familia-comunidad, en la democratización sindical, y en la práctica cotidiana de los educadores mexicanos, quienes siempre han respondido con patriotismo y compromiso social a las adversidades y los retos de una educación al servicio del pueblo.

Pablo González Casanova, Raúl Vera López, Miguel Concha Malo, Gilberto
López y Rivas, Ana Esther Ceceña, Magdalena Gómez, Alicia Castellanos,
Dolores González, Luis Hernández Navarro, Carlos Fazio, Miguel Álvarez
Gándara, Jorge Fernández Souza, Pablo Romo Cedano