De los Foros: Confrontación o diálogo para transformar la educación en el 2012-2013 Hugo Aboites(1)

Ponencia presentada en el VIII Foro de Análisis y Perspectivas
sobre la Reforma Educativa Región Centro-Norte.
San Luis Potosí, Teatro Alameda, 28 de junio 2013.

En México se vive hoy una intensa confrontación en torno al futuro de la educación. Es una confrontación de cuyo resultado depende no sólo la orientación que habrá de seguir la educación mexicana sino también –dada la importancia de la educación para el futuro de las personas- el destino que espera a millones de niños y jóvenes.
En esta confrontación claramente están de un lado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Académicos (OCDE), la cúpula empresarial (agrupada sobre todo en Mexicanos Primero), los tres principales partidos políticos (Pacto por México), el gobierno federal y un sector importante de legisladores del Congreso de la Unión. Del otro lado, los maestros (especialmente los organizados en la CNTE), estudiantes, padres de familia, comunidades, académicos y sectores importantes de los grupos mayoritarios y populares del país.
Es una confrontación que se enmarca en un contexto de intereses y presiones internacionales, como se ve por la activa participación de la OCDE, organismo internacional preocupado por la expansión económica y comercial, pero también por la participación de Mexicanos Primero, organismo de grandes empresas nacionales que es uno
más de los grupos “civiles” empresariales que en América Latina presionan por un cambio en la educación a fin de orientarlo a la formación de capital humano. En Brasil se llama Todos por la educación; en Argentina, Proyecto Educar; en Chile, Educación 2020; en
Colombia Empresarios por la Educación; en Ecuador, Grupo Faro; en el Salvador Fundación
Empresarial para el Desarrollo; en Guatemala, Empresarios por la Educación; en Honduras,
Fundación por la Educación; en Panamá, Unidos por la Educación; en Paraguay, Juntos por la Educación; en Perú, Empresarios por la Educación, y en República Dominicana, Acción por la Educación. Desde este otro lado, los esfuerzos de resistencia que aparecen en México están hermanados (aunque, desafortunadamente, no organizados) con las corrientes
de renovación y resistencia que existen desde años atrás en América Latina: en Bolivia,
Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Perú y otros países.
En ese sentido es una clara confrontación internacional de clases sociales en torno
a un proceso social sumamente importante, como es la educación, con proyectos
también radicalmente diferentes y encontrados. Uno, el que promueve la subordinación
de los niños y jóvenes a un modelo de sociedad autoritaria, empresarial, donde las
personas son consideradas como parte del capital (aunque sean humanos) y como seres
cuya función principal sea generar riqueza para otros en la forma más competitiva
posible. El otro proyecto busca la formación integral, emancipatoria y solidaria de los
niños y jóvenes para convertirlos en actores comprometidos y sabios, capaces de trabajar
por su familia y por la transformación de la sociedad en un espacio donde todos
tengan los mismos derechos a la vida y al bienestar.
En esta confrontación, los grupos hegemónicos y dominantes desde tiempo atrás
han tomado la iniciativa, pero ahora en el 2012-2013 han dado un golpe que intenta
ser definitivo y radical. Sin embargo, si se analizan someramente los principales rasgos
de la iniciativa aparecen contradicciones y limitaciones muy profundas. Seis puntos parecen ser los más importantes en la problemática del actual intento empresarial-gubernamental de reforma.
 
1. Se trata de una reforma autoritaria y apresurada, y esto último con la clara intención
de evitar que surgieran opiniones y debate sobre la conveniencia del proyecto. Fue
aprobada en apenas diez días en ambas cámaras, como un mero trámite que violentó
los procedimientos legislativos (por ejemplo, cuando se reservan artículos). Esto no
solo agravia al Congreso y mancha sus procedimientos, que deberían ser no sólo legales sino ejemplares, sino que además vulnera principios democráticos básicos de una sociedad. México es, como establece la constitución, “una república…democrática.”
(Art. 40) y esta reforma contradictoriamente fortalece el clima autoritario y discrecional en la conducción del rumbo del país. Desde el Congreso, un pésimo precedente para los esfuerzos por democratizar la sociedad mexicana y las escuelas e instituciones de todos los niveles educativos, pero también un polo de organización y resistencia que los maestros pueden plantear como parte de la lucha por una elemental democracia en el país.

2. Es una reforma que carece de un trabajo previo de diagnóstico, sistemático y serio por
parte del mismo Estado. En consecuencia no se sabe cuáles son de manera precisa los problemas que intenta resolver y no hay manera de evaluar si lo que se propone (y lo que ya se ha aprobado) realmente responde a la problemática de la educación.
En algunos momentos incluso la reforma se presentó como una respuesta a la corrupción
o como encaminada a quitarle a Elba Esther Gordillo la conducción de la educación, como parte de la vaguedad con que se funda la modificación constitucional y la propuesta de leyes secundarias. Por algunos momentos el diagnóstico implícito es que lo que falta es autoridad y mano dura. Ausente de diagnóstico propio, la iniciativa gubernamental es básicamente dogmática (pues, sin más insiste en “calidad” y “evaluación”), y con eso el Estado Mexicano se allana sin cuestionamiento alguno a los análisis que por su cuenta han realizado ya la OCDE y Mexicanos Primero respecto de la problemática de la educación. Por eso decimos que se trata de una reforma profundamente privatizadora, porque el Estado cede a organismos internacionales y al sector privado la determinación de la agenda que debe seguirse, e incluye esa visión y prioridades (“la calidad” y “evaluación”) incluso en la Constitución. La ausencia de un diagnóstico previo es un atropello a la racionalidad y detenida consideración que debería tener una reforma constitucional en un tema tan delicado como el de la educación.
 
3. Es una reforma que ofrece un remedio contraproducente para la educación. Porque
se introduce en la constitución una palabra sumamente ambigua -“calidad”- que es
conceptualmente hueca, lo que permite que en cualquier momento pueda cambiarse
su significado. Hoy calidad significa tener un alto desempeño en las pruebas de ENLACE,
“estándares”, Evaluación Universal o Concurso de Oposición, mañana puede significar cualquier otra cosa que discrecionalmente se considere necesario. Así, en lugar de los contenidos muy precisos que tiene la definición de la educación que está en las siguientes fracciones del artículo tercero (democrática, científica, laica, respetuosa de las culturas, orientada a resolver los problemas nacionales, a la solidaridad y a procurar el interés general…). La ambigüedad que introduce abre un profundo tajo y contradicción al interior mismo del artículo tercero constitucional: por un lado permanece la descripción de una educación humanista e integral, por otro la reorienta a partir de la “calidad” un concepto eminentemente industrial y mercantil.
Viene a ser una manera profunda de privatizar, pues traslada a la educación pública
la visión privada y empresarial. Si efectivamente en el mundo industrial y mercantil
la calidad de un refrigerador se puede expresar mediante dos o tres indicadores, este
no es el caso de la formación de un ser humano, que es sumamente compleja. Las
luchas de los padres de familia y comunidades por el derecho que tienen sus hijos a
formarse en una espacio público, humanista y orientado a la construcción de sujetos
activos, tiene aquí un punto de partida importante.

4. Es una reforma que recupera la solución que se puso en práctica hace un cuarto de
siglo y que en este tiempo ha demostrado claramente su incapacidad para mejorar la
educación. En 1989 se planteó la necesidad de “modernizar” la educación mexicana,
y la propuesta consistía en buscar “la calidad” mediante la evaluación. Evaluación de
maestros, con la Carrera Magisterial, evaluación de académicos (estímulos) y evaluación
de estudiantes. Después de 24 años y de más de 110 millones de personas evaluadas,
miles de escuelas y programas de estudio sujetos a escrutinio, nadie pone en duda que esas iniciativas no han generado un claro mejoramiento y no hay quien no reconozca que la situación general de la educación sigue siendo muy mala. También entonces se dijo que se respetarían y retomarían las culturas y la diversidad regional y sin embargo se impuso desde el comienzo mismo una evaluación única, uniformadora, ciega a las diferencias entre culturas pero también a las que existen entre los maestros y estudiantes que son de la ciudad y los del campo, los de clase media y los de clase popular, los que tienen otra lengua materna, etc. Es una evaluación que mide a la nación de acuerdo con una sola visión de lo que debe ser un buen estudiante y un buen maestro o una buena escuela. Hoy se hacen promesas iguales a las de dos décadas atrás, pero es muy probable que otra vez en el futuro nos volveremos a encontrar en la misma situación de fracaso. Las evidentes lecciones de la historia son un arma importante de reflexión para maestros y comunidades.
 
5. Una reforma sumamente agresiva contra los trabajadores de la educación y que va
a deteriorar profundamente el ambiente escolar. La reforma implica trasladar a los
maestros a un estado de excepción, con condiciones de trabajo que no tiene el resto
de los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, a diferencia de otros trabajadores
públicos, y según las leyes secundarias que habrán de aprobarse, los maestros tendrán
que someterse a exámenes periódicos, y, en su caso, serán puestos en capilla, con un vigilante o tutor asignado para conducirlos. Y eventualmente, la evaluación servirá para que los maestros sean despedidos o, al menos, privados de su función como docentes y enviados a trabajos administrativos (Arts. 47 y 48 y transitorio 8 de la propuesta de Ley General del Servicio Público Docente, LGSPD). También tendrán de ahora en adelante, contrataciones “a prueba” o con un periodo de “inducción”; apertura discrecional de procedimientos de sanción contra los docentes (Arts. 20 y 68) y hasta se propone que en represalia por algún paro de labores, el gobierno federal podrá recortar el presupuesto de todas las escuelas del estado, que buscaría provocar la reacción de los padres de familia en contra de los maestros (en propuesta de Art. 25 en la Ley General de Educación). Estos son meros ejemplos porque se prevén sanciones y despidos por varios aspectos más. Típicamente, las sanciones son a partir de evaluaciones que han sido comprobadamente injustas por ser uniformes, discriminatorias y sumamente superficiales. Son evaluaciones –como la que se usa en los concursos de oposición- que se utilizan también para excluir a los egresados de las normales que se han preparado durante cuatro años para ser maestros,
y para sustituirlos por profesionistas que sólo quieren un trabajo, “aunque sea de profe”. Esta reforma también se olvida que las transformaciones de la educación que corrieron por cuenta de los maestros –como la del comienzo de siglo veinte en México- no fueron motivadas por la esperanza de una recompensa económica o por el temor a una sanción, sino por el compromiso y el entusiasmo por un proyecto que veían como propio y como expresión de las necesidades del pueblo. La codicia o el temor no son las motivaciones más productivas –y al contrario son contraproducentes- para un trabajo tan delicado y complejo como es el de un buen maestro.
La defensa de la educación pública corre al parejo con la defensa de los derechos
laborales y humanos de los maestros, de los estudiantes y de los padres de familia y
comunidades a que la escuela sea un lugar tranquilo y productivo y no un encierro
de vigilancia y represión contra maestros y estudiantes.
 
6. Es una reforma que no tiene en cuenta que México es un país profundamente diverso
y desigual y que constitucionalmente los pueblos y las entidades federativas tienen las bases legales y políticas para defender sus ámbitos de autonomía. Así, el artículo 40 de la constitución establece claramente que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa…compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior” (y la educación les concierne de manera concurrente con el gobierno federal), por lo que no debería imponerse una reforma vertical y autoritaria desde el centro. Tampoco tiene en cuenta que, como señala la Constitución esta “nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas...”por lo que se “promoverá el desarrollo de sus lenguas y culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social…” No tiene en cuenta, además, que está nación está partida en dos por una profunda desigualdad económica y social y que posee una enorme diversidad de identidades económicas y culturales en las regiones y entidades federativas.
Frente a todo esto se propone crear un solo y enorme aparato nacional de evaluación
a cuya cabeza estaría precisamente el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sin la posibilidad de crear instancias regionales y estatales (como las que paradójicamente, ya existen en Sinaloa, Sonora, Nuevo León y el estado de México) que, en lugar de una evaluación vertical promuevan en las regiones una evaluación de abajo a arriba, donde los maestros y estudiantes de cada escuela evalúen y se autoevalúen y los resultados agregados de estas evaluaciones sirvan para detectar las problemáticas comunes más importantes a nivel de escuela, zona, región y entidad federativa y ofrecer soluciones. Es decir, una evaluación a cargo de manera importante –aunque con apoyo especializado y evaluaciones muestrales- de los propios actores centrales del proceso educativo. En lugar de eso, continuarán los exámenes nacionales para estudiantes y maestros y continuará la evaluación discriminatoria y superficial y ajena completamente a los diversos contextos culturales. Hoy, ENLACE presenta a los estudiantes con reactivos que tienen respuestas en latín o con preguntas que hacen una evidente referencia al medio macrourbano, muy lejano de los cientos de miles de comunidades y pequeñas ciudades del país. La “solución” que últimamente se propone, en el sentido de eliminar la prueba ENLACE, no es tal si – como también se anuncia- sería para reemplazarla con una evaluación que consistiría en enviar a decenas de miles de evaluadores a las escuelas, a fin de observar en clase y clasificar a todos los docentes de acuerdo con un perfil único de lo que es un buen maestro. Sería un nuevo instrumento de estandarización. En suma, la defensa de la educación pública es indispensable para promover y defender los espacios que constitucionalmente ya han logrado los grupos mayoritarios y los pueblos originarios.
 
En conclusión, parece importante:
Plantear a la sociedad que para mejorar la educación los maestros organizados en la
CNTE proponen que es necesario un mecanismo distinto al de los golpes de Estado
contra la educación, sorpresivos, anticonstitucionales y claramente orquestados para seguir
la agenda empresarial y financiera internacional. Un mecanismo que, en lo posible,
eluda la confrontación y haga posible restaurar la democracia y establecer un diálogo
nacional que permita realizar un diagnóstico profundo sobre la educación del país, hacer
propuestas claramente orientadas a mejorar la educación, desechar lo que probadamente
no ha funcionado en estos últimos treinta años, respetar los derechos laborales de los trabajadores de la educación, así como de quienes viven en culturas, regiones y
entidades federativas distintas a las hegemónicas. Un proceso donde, a partir de foros
como éstos participen los actores directos del proceso educativo: maestros y estudiantes,
junto con otros actores decisivos: padres de familia, comunidades, autoridades y
especialistas, y, además, los actores contextuales: los grupos y sectores sociales.
Este diálogo nacional tendría como objeto discutir a nivel amplio la problemática
de la educación mexicana y sus perspectivas y sería un primer acercamiento para la elaboración posterior, a cargo de las comunidades escolares y regionales, de diagnósticos
locales más específicos sobre la problemática educativa en la pluralidad de regiones
del país, mismos que servirán de base para ir construyendo un diagnóstico complejo
y polifacético de la situación de la educación en el país. Este estaría contenido en un
documento-base elaborado por especialistas y grupos de docentes de todos los niveles
educativos.
En este proceso se tomarían en cuenta referentes constitucionales y legales como los que se establecen en la mayor parte del artículo tercero constitucional y en los artículos segundo, séptimo, octavo y 32 de la actual Ley General de Educación; se tendrían
presentes los diagnósticos, propuestas y experiencias desarrollados en la historia de la
educación a partir de los años veinte del siglo pasado; las necesidades que expresan los
propios grupos originarios y las regiones del país, y las propuestas y prácticas de una
educación y evaluación distintas. El resultado de este proceso incluiría lineamientos
para, en su caso, una nueva política educativa, una organización diferente de la educación
a nivel nacional y regional, así como para el financiamiento y para las bases legales
que serían necesarias para reorientar la educación mexicana. Estos lineamientos serían
luego traducidos a propuestas de iniciativas concretas a través de grupos donde estén
representados maestros, estudiantes, autoridades, legisladores y especialistas.
Sin embargo, para avanzar por esta vía, sin presiones y sin fechas fatales, es condición
indispensable la abrogación de la modificación constitucional de febrero de 2013
o por lo menos, la suspensión del proceso de discusión y aprobación de las leyes secundarias en el Congreso de la Unión.
En caso de la negativa, indisposición o indiferencia de las autoridades y del Congreso de la Unión a tomar esta ruta más amplia, se volvería necesario responder de cara a la nación con una denuncia sobre quiénes son los que buscan la confrontación y plantear entonces como indispensable la movilización pero también profundizar en una alternativa concreta que pueda ofrecerse a los maestros, estudiantes, comunidades y padres de familia de transformación y mejoramiento de la educación. Esta sería la de iniciar o continuar, según sea el caso, con los procesos de construcción de espacios de verdadera autonomía a nivel local y regional que, desde abajo, y como estrategia de resistencia contra la confrontación que se plantea desde la coalición gobierno- empresarios, comiencen a construir una ruta de educación y evaluación distintas.
Este plan incluiría ganar espacios a nivel local y construir o retomar modelos pedagógicos
propios o los ya desarrollados en otras regiones, establecer procesos de evaluación
y de formación de los docentes a partir del establecimiento de cursos, bibliotecas,
centros de investigación (todo esto desde las normales, por ejemplo) que permitan comenzar un proceso de sustancial cambio de la educación. Al mismo tiempo, en el marco
de estas iniciativas locales se discutiría la posición que debe tomarse en cada entidad
y región frente a las distintas iniciativas de vigilancia y sanción (evaluación universal y
otras) que vendrían contra los maestros, contra los estudiantes (mediante ENLACE u
otras), y frente a las carencias de financiamiento. De esta manera, de cara a los padres
de familia y comunidades y de la sociedad, los movimientos de resistencia tendrían también un efecto concreto e inmediato de mejoramiento de la formación de niños y jóvenes.
Y ahí estaría su fuerza de movilización y defensa más importante.

1 Profesor/investigador del Dpto. de Educación y Comunicación de la UAM-X. Esta ponencia es una versión mejorada de la originalmente presentada en el Primer Foro Regional de Análisis y Perspectivas sobre la Reforma Educativa en Morelia, Mich., el 31 de mayo 2013 y de la presentada en el VII Foro de Análisis y Perspectivas de la Región Centro en la C. de México el 21 de Junio 2013.