Presentación
Quiero iniciar agradeciendo la invitación que se me hizo para participar en este Foro
Regional sobre la Reforma Educativa, resultado de los acuerdos establecidos entre la
CNTE y el gobierno federal. Expreso, también, mi reconocimiento a todos los que
han hecho posible este gran esfuerzo organizativo para reflexionar colectivamente
en torno de la Reforma Educativa; el hecho de que hoy estemos en este sexto Foro
nos permite corroborar, además, el carácter ejemplar del el magisterio agrupado en la
CNTE que ha demostrado su enorme capacidad organizativa y, sobre todo, su innegable
conocimiento de la realidad educativa, y su capacidad analítica y propositiva.
Agradezco a las autoridades federales, estatales y municipales su disposición para
el diálogo, esperando que éste culmine en un verdadero ejercicio democrático que posibilite realmente la concreción de alternativas en cuya base estén, en condiciones de
equidad, las opiniones de quienes hasta hoy han sido excluidos de las decisiones torales
de política educativa.
En esta breve intervención trataré de caracterizar la naturaleza de las modificaciones
a los artículos 3º y 73, los principales rasgos que las distinguen y las contradicciones
que evidencian; finalmente apuntaré lo que considero son las dos alternativas más
viables para la construcción de una verdadera reforma educativa. Diversas voces de
maestros, académicos e investigadores de reconocida trayectoria, comunicadores profesionales y especialistashan enriquecido el análisis con valiosas opiniones; mi modesta
opinión como un maestro, formador de maestros e investigador de la educación no dista mucho de ello; en todo caso el valor de lo que diga radica en la convicción de mis
consideraciones.
El contexto económico y político
Para muchos especialistas, y para la sociedad en general, nuestro país vive una profunda
crisis estructural que ha impactado en todos los órdenes de nuestro sistema y que
se está reflejando en un sistema fracturado, produciendo incredulidad, desesperanza y
hartazgo. Esta crisis es el resultado del modelo neo-neo, neoliberal y neoconservador,
cuyos objetivos son adecuar la vida y la cultura de nuestro pueblo a los valores propios
de la globalización: individualismo, competitividad, mercado libre, y la conformación
de un estado garante del comercio y alejado de su responsabilidad del bienestar social.
Un estado así, cuestionado en sus principios requiere legitimarse para poder operar
con cierto grado de aceptación; por eso, diría Delval, que el deporte favorito de los
gobiernos es hacer reformas. Este no es la excepción; cuestionada su legitimidad en el
proceso electoral, el gobierno necesita presentarse como una instancia que promueve
el cambio.
Al mismo tiempo, impulsa un proyecto coherente con los intereses de quienes se
han constituido en su principal sostén: los empresarios y los poderes mediáticos, con
intereses propios. Esto no es nuevo, más bien es parte de un largo proceso mediante el
cual, desde hace varios sexenios, han venido impulsando e imponiendo políticas acordes
con dicho modelo. Así ha pasado con la política educativa desde los 80s. No en
balde, el gran maestro Pablo Latapí afirmaba en 1997:
Los modernizadores de la economía aspiran también a transformar el Estado y las
leyes, los aparatos políticos, los comportamientos de los grupos sociales y el funcionamiento de los servicios públicos, entre ellos el educativo. En sus diagnósticos han
calificado a los sistemas escolares, principalmente a los del mundo en desarrollo, de
maquinarias ineficientes y costosas, excesivamente centralizadas, desvinculadas de los
requerimientos de la economía y operadas por maestros altamente improductivos. Para
reformar la educación propugnan un modelo que abarca transformaciones en tres
grandes ámbitos: en el político-administrativo se propone disminuir la intervención del
estado, desregular las prácticas educativas, abatir el gasto público y privatizar algunos
segmentos del sistema escolar; en el económico, generar un “mercado educativo” que
aumente las opciones de las familias, remunerar a los maestros en razón de su rendimiento
comprobado, ajustar los costos en función de los beneficios y estimular la
competitividad; y en el ámbito pedagógico se enfatiza el aprendizaje de conocimientos
“básicos” (entendiéndolos a veces como fundamentales, a veces como útiles y aplica bles), las evaluaciones rigurosas y la formación de valores congruentes con una cultura
de la productividad.
Como puede verse, y a pesar de mediar más de veinticinco años, la actual reforma
educativa, y su correlato jurídico y legislativo de modificaciones a los artículos 3º
y 73, tiene en su base los mismos argumentos y motivaciones que los denunciados
por Latapí. Lo único novedoso lo constituyen los procedimientos que se han utilizado
para su implantación y la ya nada velada injerencia de los organismos empresariales y
de los organismos internacionales para su promoción, por un lado, así como la operación
extralegislativa de un mecanismo llamado “Pacto por México” que impone no
sólo la agenda legislativa sino anticipa los acuerdos a los que las cámaras sólo tienen
que sumarse.
Rasgos principales de la reforma educativa
En el contexto descrito líneas arriba, la reforma educativa impulsada por Peña Nieto,
se distingue por las siguientes características:
Es una reforma esencialmente de carácter administrativo-laboral que no
atiende los problemas pedagógicos ni, por ende, plantea líneas estratégicas para mejorar
la educación; por tanto, no es una reforma educativa.
Es una reforma fundamentalmente antidemocrática. Aun bajo una lógica de
legitimación, los planes sectoriales consideran como fase previa para su diseño un proceso
de consulta. En el caso de la llamada reforma educativa, ésta surgió de un acuerdo
político entre los tres principales partidos, y se validó sin que mediara proceso alguno
de consulta pública, lo que excluyó de entrada a la sociedad.
Es una reforma sin bases, improvisada, sin diagnóstico y sin el reconocimiento
de la diversidad cultural del país. Como ya ha apuntado Hugo Aboites, la
llamada reforma educativa no tiene como antecedente lógico un diagnóstico explícito
y serio que haya servido como base para el reconocimiento objetivo de los principales
problemas, la definición de propósitos y metas, el diseño de líneas de acción estratégicas,
ni los procesos de evaluación sistémica para el mismo programa; en suma, no fue
el resultado de un proceso serio de planeación estratégica.
Es una reforma colonizada, dirigida a la certificación. Desde una definición
maniquea de la “calidad educativa” –concepto ambiguo que varios académicos reconocidos, como el maestro Pérez Rocha, se han encargado de develar su carácter empresarial–, se prioriza la evaluación como el medio para ubicar al país en el escenario
internacional, es decir, la evaluación sirve para medir parcialmente algunos aspectos
de la escolaridad y no como un proceso holístico y metacognitivo para mejorar. Bajo estas concepciones mercantilizadas, los únicos responsables son los maestros; por tanto,
ellos deben ser también objeto de esa misma evaluación parcial y, en consecuencia,
dignos de ser sancionados, independientemente de las condiciones que intervienen en
el hecho educativo. Obviamente, la evaluación, vista así, sólo puede hacerse a través de
exámenes estandarizados. Permítanme una digresión, para ejemplificar el nocivo efecto
de esos exámenes estandarizados: hace un tiempo, una estudiante finlandesa que
cursaba el posgrado en la UNAM llegó sorprendidísima porque acababa de hacer un
examen, pero no había tenido que escribir una sola línea, por el contrario, sólo había
tenido que rellenar circulitos; su expresión habla de esta contradicción: “desde mi educación básica, siempre he tenido que hacer ensayos para mi evaluación y aquí no he
tenido que escribir ni una palabra”.
Es una reforma con aberraciones constitucionales. Siendo una reforma esencialmente
basada en lo jurídico, es una reforma que al considerar a los maestros como
los únicos responsables del fracaso escolar, está dirigida a crear medidas punitivas
en contra de los derechos laborales de éstos, consagrados en la misma constitución;
es decir, que genera de facto un régimen de excepción para el magisterio respecto del
Artículo 123. Aunque algunos académicos adscritos al poder se ufanen en afirmar que
nadie será despedido, lo cierto es que no sólo está contemplada esa medida, así sea por
la vía de la separación sino que –como ha sucedido en situaciones similares– sienta las
bases para el control político e ideológico por la vía del condicionamiento implícito y
el amedrentamiento autoritario.
Es una reforma sin contenido pedagógico explícito. Más allá de entelequias
discursivas que ensalzan la calidad y la evaluación, la llamada reforma educativa no
plantea ninguna propuesta de carácter pedagógico, aunque subrepticiamente se corresponde con una visión conductista.
Es una reforma que desconoce o soslaya las aportaciones de los maestros y las comunidades. Al responder esencialmente a los reclamos de los tecnócratas y
empresarios (“Mexicanos primero”) y a las recomendaciones de los organismos internacionales, hay un desprecio intencionado a la riqueza de las experiencias y las propuestas innovadoras de maestras y maestros, de organizaciones magisteriales y civiles,
de comunidades, de investigadores, etc. Olímpicamente se ignoran las experiencias y
propuestas contenidas en el PTEO del movimiento magisterial de Oaxaca, las escuelas
integrales de Michoacán, las escuelas altamiranistas de Guerrero, o la evaluación de las
comunidades escolares purépechas, por citar sólo algunas; de igual manera, se desdeña
la propuesta integral que sobre la educación ha hecho la CNTE.
Es una reforma que consolida la tendencia a la privatización de la educación.
Desde hace ya tiempo la política educativa ha insertado procedimientos mediante
los cuales el estado se ha deslindado de la responsabilidad de garantizar el carácter gratuito de la educación pública: a pesar de que no están permitidas las cuotas escolares,
en la práctica se propicia que los padres sostengan los gastos de la escuela (mantenimiento
para la limpieza, obras menores de reparación, pago de la comida en las
escuelas de tiempo completo, abandono de los desayunos escolares, etc.), además de
propiciar la injerencia de empresas e instituciones privadas para programas de evaluación
estandarizada, de actualización (universidades privadas), etc; la descarada concesión
a empresas para la operación de las nuevas tecnologías (Microsoft, Enciclomedia,
etc.) también da lugar a formas veladas de privatización. Hoy, con la pretendida reforma,
se abre más la cobertura para que las empresas privadas obtengan jugosos contratos
en el sector público de la educación.
Finalmente, es una reforma que no aborda de manera integral todos los elementos
y factores que constituyen la educación. No se reconoce la realidad de la
diversidad pluricultural ni las condiciones económicas, sociales y culturales de las escuelas
y comunidades del país. Se mantiene una visión tecnocrática sobre la actualización
de los maestros y, sobre todo, no existe ni el interés ni el compromiso serio para
impulsar una formación docente inicial que impacte en la transformación que requiere
la educación básica. En las escuelas normales se impuso una reforma curricular improvisada
y se les tiene sometidas a una asfixia presupuestal y a un sistema meritocrático
que les impide generar acciones mínimas para mejorar la formación en beneficio de la
niñez y juventud. La formación de maestros que históricamente ha sido una profesión
de estado, con la reforma y otras medidas anteriores se intenta convertir en una profesión
liberal; la imposición del examen para el ingreso al servicio es una medida que
muestra la falta de compromiso del estado para con la educación.
En suma, este conjunto de rasgos y condiciones que develan la naturaleza e intenciones
de la llamada reforma educativa, puestas en entredicho por el intenso debate
que ha generado y la oposición de cientos de miles de maestros en todo el país, han
evidenciado la imperiosa necesidad de profundizar el análisis sobre el tema educativo.
Ya en muchos medios se afirma que la reforma educativa constituye el primer fracaso
del gobierno de Peña Nieto. La insistencia de los poderes mediáticos centrada en
afirmar que los maestros no quieren una reforma educativa, y que no quieren ser evaluados, ha sido desmentida con hechos y e estos foros. Por ello, el gobierno de Peña
Nieto tiene la oportunidad histórica de recomponer el camino, y ello puede darse por
alguna de dos vías, como propusiera Hugo Aboites:
Declarando una especie de moratoria en la aplicación de los cambios a los
artículos 3º y 73, como premisa para la reconstrucción de un proceso que permita
ampliar y profundizar el análisis y el debate sobre el tema educativo, y que posibilite la
redefinición de un modelo acorde con la educación que queremos y necesitamos; ello
reclama una amplia participación de todos los actores sociales y educativos.
Abrogando los cambios a los artículos 3º y 73, para dar paso al proceso arriba
señalado.
Pensar la educación no puede ser un ejercicio meramente técnico; antes bien
requiere de la voluntad colectiva y de la defensa de la utopía como aspiración a un
México en el que quepan los sueños y expectativas de nuestros futuros ciudadanos;
como dijera Latapí “Devolver a la educación su perpetua novedad requiere otros horizontes que sólo dará la reflexión sobre el mundo y sobre nuestras limitadas maneras
de conocerlo”
Gracias
1 Catedrático de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros
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