Foro nacional “Análisis y perspectivas de la reforma educativa” relatoría general

Introducción
El pasado 2 de mayo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) entregó a la Secretaría de Gobernación diversos documentos, entre ellos
el titulado “Hacia la educación que necesitamos los mexicanos”. Seis días después,
en las oficinas de esta secretaría se celebró una reunión en la que participaron el
Subsecretario de Gobierno, dos subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública
y una amplia representación de la CNTE integrada por tres secretarios generales de
secciones del SNTE y representantes de otras diez secciones. En esta reunión, el
Gobierno Federal, representado por el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique
Miranda Nava y la CNTE, acordaron convocar a la realización de una serie de “Foros
sobre la reforma educativa”, a los que se invitó a participar “a los padres de familia, a
representantes de organizaciones de la sociedad, a académicos e investigadores, empresarios, representantes populares, representantes de los medios de comunicación y
a todos aquellos interesados en el mejoramiento de la educación pública en nuestro
país”. En esa misma convocatoria conjunta, se definió el programa conforme al cual
se realizaron nueve foros regionales, en igual número de ciudades del país, al cual se
agregaron 2 foros estatales más en Puebla y el Estado de México; en las cuales se congregaron participantes de las entidades cercanas; hoy se realiza el último foro de ese
programa, titulado “Foro nacional” en esta Ciudad de México.
De acuerdo con lo convenido por la representación del Gobierno Federal y la
CNTE, los resultados de dichos foros, recopilados y ordenados por relatores locales y
uno nacional, se plasmarían en un documento que la Secretaría de Gobernación entregará
“a las instancias legales correspondientes para su procesamiento”. Esta relatoría
es un avance de ese documento.
Abrogar la reciente reforma a los artículos tercero y 73 de la Constitución es la
exigencia fundada que se desprende de una intensa actividad en la que participaron
más de diez mil personas de todas las entidades de la federación ocupados en la educación
y comprometidos con el mejoramiento de este quehacer humano de trascendencia
social e histórica. Estos foros y su aceptación por parte del Gobierno Federal son
resultado de la amplia movilización que el magisterio democrático se ha visto obligado
a desplegar ante la sordera de los gobiernos de los últimos treinta años; no son una
concesión graciosa de los gobernantes quienes, violando las más elementales prácticas
democráticas y diversas disposiciones de nuestra legislación, impusieron de una manera
violenta las reformas legales dolosamente llamadas “reforma educativa”, pero que
son, en esencia, reformas retrógradas, lesivas a las condiciones laborales del magisterio
y por tanto inaceptables. Esta lucha de la CNTE, y por tanto estos foros, son continuación
de las luchas que el magisterio mexicano ha mantenido de manera permanente
desde hace décadas, en las cuales destacan la figura del maestro Othón Salazar y la
lucha magisterial del Movimiento Revolucionario Magisterial de 1956.
La relación del movimiento magisterial democrático con el Estado es necesariamente
una lucha, pues el movimiento está comprometido desde hace más de treinta
años con la democracia sindical y el mejoramiento de la educación; ha luchado contra
el aparato corrupto y criminal de control social y político impuesto y mantenido por
el PRI (y continuado por el PAN) a lo largo de siete décadas; muchos de sus miembros
han sido reprimidos, despedidos, incluso asesinados; y lucha por un proyecto de
educación y de país al servicio del pueblo. En el lado opuesto, los representantes del
Estado, simulando un régimen democrático, están al servicio de un sistema económico
y político que sirve los intereses de una minoría, sacrifica el presente y el futuro del
pueblo, han privatizado y despilfarrado el patrimonio nacional, y para ello acuden a todas
las acciones y maniobras posibles, sin límite alguno proveniente de la ética, incluso
sin respeto a la legalidad que ellos mismos han impuesto.
Tanto el proceso de la mal llamada reforma educativa, como las acciones gubernamentales
represivas de las semanas recientes, y la actuación misma de los gobernantes
en relación con los foros, confirma la falsedad de la supuesta democracia mexicana
y la necesidad de continuar la lucha social cada vez con más ahínco y con más claridad.
El actual gobierno de Peña Nieto sigue sosteniendo política y económicamente
a la dirección corrupta y antidemocrática del SNTE, el encarcelamiento de la señora
Gordillo fue solamente un ajuste de cuentas entre los grupos que han controlado a
este país y sirvió para los fines políticos del actual gobierno priista. La reforma educativa
se ha acompañado de acciones represivas contra maestros que disienten de ella; en
Puebla se han cesado a 40 maestros.
Otra muestra de la ausencia de compromiso democrático del Gobierno Federal
es la desatención que ha tenido con estos mismos foros. El Gobierno Federal aceptó
convocar conjuntamente con la CNTE a los foros de los que hoy se da cuenta; el
Gobierno Federal incumplió sus obligaciones elementales, sus representantes, en general,
sin el menor interés por discutir ni respeto para los demás participantes se limitaron
a hacer saludos formales. Con razón en varios de los foros se manifestó la demanda
insistente de que los representantes gubernamentales se presentaran a debatir con
los maestros y demás participantes. En varios de los foros se manifestó la inconformidad
por la ausencia de representantes del gobierno porque sólo estuvieron en los actos
protocolarios y mediáticos.
Nadie se hacía ilusiones, los foros han exhibido, corroborado, la falsedad de la democracia
del PRI, como la de todo sistema económico basado en la explotación y el lucro y que por tanto no puede buscar la verdad mediante la confrontación de ideas, información y proyectos, pero también han servido para fortalecer la participación activa de los maestros y su organización. De este episodio, la CNTE sale fortalecida, con un conocimiento mejor de nuestra realidad, con una más amplia y organizada participación
en todo el territorio nacional.
Antes que nada es necesario subrayar que en todas estas actividades de los foros
no ha habido una sola manifestación en contra de la evaluación, en contra de la evaluación
del sistema educativo, ni en contra de la evaluación del trabajo de los maestros.
El magisterio democrático se manifiesta por la necesidad de la evaluación pero rechaza
tajantemente las formas, los procedimientos y los propósitos de la evaluación que ha
venido imponiendo el gobierno desde hace veinticinco años y que pretenden consolidar
ahora con las reformas legales.
Se anexan las once relatorías parciales de igual número de foros. En la memoria de
estas importantes actividades se anexarán también las ponencias y conferencias que se
presentaron por escrito.
Con estos foros la CNTE muestra su voluntad política para entablar un dialogo
con la sociedad, con el gobierno estatal y federal y con los legisladores. Pero este diálogo
no legitima para nada la reforma educativa, por el contrario parte del cuestionamiento
fundado de sus formas y su contenido.
Como se ha señalado, en los once foros asistieron, en total, cerca de diez mil personas;
muchas de ellas en representación de asambleas y colectivos en los que participan
amplios sectores del magisterio nacional. Se dictaron nueve conferencias magistrales
y se presentaron más de 400 ponencias, también varias de ellas con los planteamientos
de grupos y asambleas que deliberaron previamente y de forma amplia acerca
de la problemática que representa la reforma impuesta. Algunas de estas ponencias
se presentaron en lenguas indígenas (mixteco, mixe, huave, zapoteco, náhuatl, entre ellos) y se tradujeron al castellano. También se presentaron documentales acerca de la
desastrosa realidad educativa, económica y social de las escuelas y su entorno. Estas
ponencias fueron presentadas tanto por maestros y estudiantes como por padres de
familia, ciudadanos. Además, hubo participaciones puntuales muy valiosas de algunos
legisladores, representantes sindicales y funcionarios. Debe subrayarse que entre las
ponencias hay una importante cantidad de proyecto y propuestas pedagógicas específicas,
muy valiosas, muchas de ellas resultado de iniciativas y acciones independientes
de los maestros. Por estas razones es imposible, en este reducido espacio, dar cuenta
cabal y detallada de todas las valiosas contribuciones, ni mencionar a sus autores, baste
subrayar que lo que aquí se expone es una recopilación breve, resumida, de esos trabajos
colectivos y no producto de quien hace la relatoría. Sin embargo debo también
expresar mi plena coincidencia y solidaridad con todo lo que aquí se expresa.
Análisis y pronunciamientos en torno a la llamada reforma educativa del Gobierno
Federal
 
Es una reforma antidemocrática por donde se le vea.
La llamada reforma educativa se caracteriza por su total antidemocracia, tanto en el
procedimiento para elaborarla e imponerla como en su contenido. Surgió de los intereses
de los empresarios y se impuso por medios extralegales, como el llamado Pacto
por México; en su iniciativa, su gestión, su orientación y definición no participaron los
principales actores involucrados: los maestros, padres de familia, organizaciones sociales.
Atendiendo a los intereses políticos del nuevo gobierno priista, no tomó en cuenta
los tiempos legislativos necesarios ni la opinión de la sociedad. En su precipitación,
generó aberraciones constitucionales. Surgió al margen de la consulta, de los tiempos y
formas que marca la constitución para definir el plan de gobierno.
La llamada reforma educativa no surgió de la sociedad; es una contrarreforma educativa
exógena, que corresponde a directivas económicas de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, impuesta de manera no democrática por un
acuerdo cupular carente de representación –Pacto por México-y sin discusión parlamentaria.
Esta reforma tampoco surge de la cámara de diputados, es obra de los poderes
fácticos de este país y en el proceso de aprobación los diputados se sometieron
a esos poderes fácticos. Este Pacto fue una especie de plan de desarrollo anticipado,
elaborado y negociado de manera cupular.
Reforma Educativa al no ser consultada carece del necesario respaldo de los actores
de la educación nacional.

Análisis y perspectivas de la reforma educativa
La llamada reforma educativa es profundamente antidemocrática en su contenido,
está dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de
los maestros, busca disciplinar a los normalistas disidentes en función de la ortodoxia
educativa uniformadora, pretende someter a los maestros en un régimen de excepción.
Introduce al temor como factor central en las relaciones laborales. Con esta reforma
se genera un régimen de exclusión respecto del Artículo 123, violentándose su esencia,
las Condiciones del Reglamento de la SEP, y las recomendaciones y orientaciones de
organismos internacionales como la OIT y la de Derechos Humanos. La reforma es,
en realidad, una contrarreforma. Es un retroceso respecto de las conquistas laborales
de muchas generaciones. Hará que la seguridad laboral de los maestros dependa de las
autoridades administrativas quienes, cuando lo consideren “pertinente”, aplicarán sanciones al maestro. En este sentido, es una reforma contraproducente pues cualquiera,
incluso en la empresa privada, sabe que el temor obstaculiza la productividad.
Particular preocupación genera la política del gobierno en torno a la educación
normal. La reforma curricular a las escuelas normales, igual que la toda la reforma,
surgió al margen de las comunidades normalistas y con contenidos y dirección ajenos
a una verdadera formación de maestros de educación básica. En los hechos, la SEP
trata de convertir a la formación docente en una profesión eufemísticamente llamada
libre o liberal y no una profesión de estado. En ese contexto es que se entiende la pretensión de desaparecer a las escuelas normales a las que se acusa de no preparar bien a
los maestros, sin considerar la asfixia presupuestal y sus consecuencias negativas en su
infraestructura, mantenimiento y en la insuficiente planta docente.
La reforma impuesta por es centralista rompe con el pacto federal y deja a las autoridades
locales como meros gestores sin soberanía alguna. Ha prevalecido la razón
del control político.

Es una reforma de pésima calidad que dice buscar la calidad.
En contra del más elemental principio de administración moderna, responsable, la reforma
no partió de un diagnóstico elaborado por quienes están facultados para la realización
de esta trascendental y compleja función —la educación— ni por especialistas
en la materia; diagnóstico indispensable para sentar las bases que permitirían mejorar
el sistema educativo. Este vacío se llenó con las opiniones y dictados de organismos
empresariales (como Mexicanos Primero) e internacionales, como la OCDE.
Ausentes la indispensable motivación y justificación suficientes, la reforma nada
dice sobre la situación educativa del país, el pavoroso rezago educativo que afecta a
más de la tercer parte de la población, ni de la inequidad educativa. Más de dos quintas partes de las escuelas son multimodales, con todos los grados en un solo salón, sin
servicios, ni agua, ni infraestructura; con niños que llegan a la escuela sin haber probado
un bocado. El maestro tiene que partir de esta realidad, sin que se le proporcionen
los elementos para hacerlo. Esta es la realidad educativa, es una realidad injusta. La
reforma ignora esta dramática realidad. Prácticamente en todos los foros se señaló que
esta reforma plantea un marco homogéneo para una realidad compleja y diversa.
Rompe con la filosofía humanista e igualitaria del artículo tercero constitucional,
está destinada a generar resistencias y desobediencia civil en defensa de la educación
pública. Máxime, cuando se trata de una contrarreforma laboral y administrativa, dirigida
a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de los maestros.
Las acciones que se han emprendido como parte de estas reformas en nada contribuyen
al mejoramiento de la ansiada calidad de la educación. Un ejemplo claro son
la prueba ENLACE y otras actividades diseñadas por la SEP, que promueven el individualismo y la competencia y no colaboración y el trabajo colegiado. Hoy muchos
maestros están más preocupados porque los alumnos resuelvan la prueba ENLACE
y otros exámenes estandarizados que por lograr el desarrollo armónico de todas sus
facultades.
El mecanismo que se promueve para la actualización de los maestros, los cursos
llamados de actualización para el magisterio en servicio, en cascada, esporádicos e improvisados, son una mera simulación; además de resultar un pretexto para la erogación
de partidas presupuestales que van a parar a los bolsillos de consultores e instituciones
que no tienen otro afán que el lucro. La experiencia ha demostrado que la mejor formación docente se produce en la acción colectiva y reflexiva de los maestros.
La dimensión pedagógica es la gran ausente en la reforma, al minimizar la problemática
de los planes y programas de estudio, los métodos, los materiales educativos,
etcétera. Se le atribuyen a los docentes las deficiencias educativas en el país y el contexto
sociocultural no es tomado en cuenta. La evaluación entendida como medición
es un grave error, porque en ella deben valorarse los procesos y la emisión de un juicio
a través de la necesaria revisión de una serie de elementos pedagógicos. Es una reforma
sin contenido pedagógico explícito, no plantea ninguna propuesta de carácter pedagógico,
aunque subrepticiamente se corresponde con una visión conductista.
En síntesis, la reforma se caracteriza por una gran pobreza y confusión conceptual.
 
Una reforma privatizadora
Mediante el planteamiento de la llamada autonomía de las escuelas, el estado abandona
su responsabilidad de resolver las necesidades materiales de la educación pública, cargando en los padres de familia la responsabilidad del financiamiento y funcionamiento
de las escuelas; en contradicción, al promover los exámenes nacionales estandarizados,
se promueve un control administrativo que condiciona las prácticas de enseñanza.
La privatización es un punto central. La autonomía escolar da curso por ejemplo
para cuotas escolares onerosas, patrocinadores oficiosos, financiamientos espurios, escuelas con fondos públicos administrados por la iniciativa privada. La filosofía empresarial entra con la competencia, con el darwinismo social, versus la solidaridad y la
ayuda mutua.
Un modelo educativo que es una copia de las reglas del mercado y está basado en
la competitividad absoluta entre las instituciones y los individuos. En rigor, la “responsabilidad” de la educación es contribuir a elevar la capacidad de competir en el mercado globalizado. Competir en un mundo desregulado, en el “nuevo capitalismo” basado en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación.
 
Una reforma en contra de los maestros
La reforma se apoyó en una feroz campaña en contra de los maestros y la educación
pública, orquestada por grupos patronales disfrazados de sociedad civil, copiando la
estrategia seguida por la derecha norteamericana en contra de la educación pública de
ese país. Se han gastado millones de pesos en esa campaña en contra de los maestros.
Es un retroceso a las conquistas laborales de muchas generaciones, busca meter a
los maestros en un régimen de excepción y pretende controlar el movimiento magisterial;
es violatoria de los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional en
cuanto a las garantías de estabilidad, derechos a la contratación colectiva, así como
violatoria de convenios internacionales de protección al trabajo. Su aceptación representaría la muerte del sindicalismo y del normalismo.
 
Pronunciamientos y demandas en torno a la reforma educativa
Se presenta una relación de las demandas y los pronunciamientos en torno a la reforma
educativa expresados con más insistencia en los foros.
1. Deben abrogarse/derogarse las reformas a los artículos 3º y 73 constitucionales. En consecuencia, debe suspenderse toda medida vinculada con la llamada reforma educativa.
2. A la par, debe generarse, extenderse y profundizarse el debate nacional y popular
sobre el tema educativo.
3. Se exige el aplazamiento de la discusión y aprobación de las leyes secundarias, este fue
uno de los acuerdos establecidos entre el gobierno federal y la CNTE, sin embargo
no se ha cumplido. Se exige cesar cualquier impulso a la aplicación de éstas, hasta
convocar y procesar la consulta nacional donde será el pueblo quien defina el destino
de estas leyes.
4. Debe realizarse una consulta formal, sistemática acerca de los retos de la educación
pública que concluya en un Congreso Educativo Nacional.
5. Debe impulsarse una verdadera transformación educativa que parta del núcleo del
proceso educativo y garantice la participación de los actores y fuerzas más importantes
de la educación.
6. Es necesaria una educación humanista, contextualizada que responda a las características y problemas de la diversidad nacional, una educación basada en la memoria
histórica de nuestro pueblo, abierta a la cultura y al conocimiento. Una educación
sustentada en la autonomía y participación democrática que contribuya al desarrollo
de la nación pluricultural, democrática y justa establecida en la Constitución
7. El magisterio se pronuncia por una auténtica reforma educativa que garantice que
se cumpla el mandato constitucional de que la educación debe lograr altos fines de
formación y desarrollo humano y cultural de todos los mexicanos.
8. En todos los foros, se expresó la demanda de una reforma educativa que garantice
la participación de maestros, padres de familia y estudiantes en la definición de políticas,
planes y programas. Una reforma que promueva la construcción de auténticas
comunidades educativas facultadas para desarrollar iniciativas pedagógicas y resolver
sus propios problemas educativos de acuerdo con su contexto regional, social, económico
y cultural.
9. Se demanda una educación pública laica y gratuita garantizada por el financiamiento
íntegro y suficiente del Estado. Se exige que se cumpla con la gratuidad de la educación,
eliminando las cuotas “voluntarias” en las escuelas y que se deroguen los cambios
constitucionales que establecen la autonomía de gestión, con lo cual el gobierno
federal y estatal pretenden evadir la responsabilidad de brindar todo lo necesario,
tanto en servicios, infraestructura y materiales didácticos a las escuelas y trasladan
la responsabilidad a los padres de familia y maestros de las escuelas. El estado debe
asumir cabalmente el sostenimiento de las escuelas públicas, otorgando una relativa
autonomía pedagógica a las comunidades escolares; no a la autogestión financiera de
las escuelas.
10. Se demanda un nuevo currículo, con reivindicación de los saberes socialmente significativos, que desarrolle las capacidades de pensamiento crítico y de indagación de los niños y jóvenes. La propuesta curricular debe incluir formas de evaluación cualitativa
que rescaten saberes, valores y actitudes para promover una educación que fortalezca y afiance los derechos humanos, una educación impregnada de dominio disciplinar,
ético y solidario para formar ciudadanos analíticos, reflexivos y transformen su realidad
y la del país.
11. Se rechaza el modelo vigente de actualización de los docentes. Debe establecerse un programa serio de actualización basado en el trabajo colectivo y colegiado de los maestros, con acciones continuas, con acompañamiento profesional directo y el debido seguimiento y que parta de las características contextuales de la escuela y la comunidad.
12. Se exigen programas de actualización docente que reconozcan que para ser maestro
se necesita tener la capacidad de motivar, imaginar, explicar ampliamente, entender
las dificultades de cada estudiante, analizar problemas, descubrir el mundo y eso no
se mide con pruebas de opción múltiple.
13. Se demanda una evaluación cualitativamente distinta, situada en los problemas reales,
horizontal y de abajo hacia arriba, no estandarizada.
14. Se demanda una evaluación integral de carácter formativo, una evaluación incluyente
y no punitiva; una evaluación que retroalimente los procesos de aprendizaje, los subsistemas y las políticas educativas; una evaluación que reoriente y se centre en el desarrollo, el reconocimiento, el esfuerzo de los estudiantes. Una evaluación dinámica,
con sentido ético contextualizada a cada región del estado y del país, no vengativa, ni
amenazante.
15. Debe ser eliminada la prueba ENLACE y cualquier otro tipo de exámenes estandarizados.
Asimismo, se exige que se suspenda la aplicación de la punitiva Evaluación
Docente Universal y la Carrera Magisterial.
16. Se exige un programa serio para las escuelas normales, con los suficientes recursos presupuestales, de infraestructura, de mantenimiento, y para una planta docente suficiente y actualizada seriamente. Se demanda, nuevamente, que el estado asuma su compromiso
de otorgar plaza a todos los egresados de las escuelas normales públicas del país.
17. Se exige el reconocimiento de la evaluación como un proceso diagnóstico, crítico,
dinámico, cualitativo, propositivo, colectivo, contextual y complejo donde influyen
diferentes factores y actores de la educación. Por estas razones se rechaza la medición
estandarizada, mecanicista, discriminatoria y excluyente que promueve esta
contrarreforma.
Demandas y pronunciamientos políticos y laborales
• Se demanda un salario digno y la garantía del empleo; ningún trabajador de la educación
debe ser despedido a consecuencia de una medición punitiva; por tanto, se exige
un programa de basificación masiva para quienes hoy cubren plazas temporales.
• Se demanda la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las
escuelas normales públicas del país, toda vez que quienes han sido acreditados por
una institución formadora reconocida oficialmente, cuentan con el perfil formativo
y el derecho a ser contratados.
• Luchar por la democratización del SNTE, exigir la realización de los congresos seccionales y el respeto a la votación universal directa y secreta.
• Saludamos el triunfo de la CNTE en la Sección 7 de Chiapas y hacemos votos por
la consolidación de la democracia sindical.
• Se demanda la reinstalación inmediata e incondicional de los maestros cesados en
Puebla. Se exige el cese de toda acción represiva contra el magisterio disidente.
• Manifestamos nuestro apoyo a los jefes de enseñanza de secundaria arbitrariamente
despedidos.
• Demandamos la libertad de los miembros de la Sección 22 injustamente detenidos
y nos manifestamos en contra de la criminalización de la protesta social, particularmente
la ejercida en contra de los compañeros del Frente Oriente.
• Es impostergable la construcción de un Proyecto Nacional que incluya a los pueblos
indígenas del país, sus necesidades y su desarrollo inclusivo.
• Manifestamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo y especialmente con el pueblo brasileño.
Ciudad de México, 12 de julio del 2013
RELATOR NACIONAL:
ING. MANUEL PEREZ ROCHA